El samario mártir olvidado cuyo crimen se convirtió en el hito de la violencia generada por una hidroeléctrica

Por Álvaro Cotes Córdoba 

El desarrollo debería traer riqueza y paz y no violencia desquiciada. Pero en Colombia, en las décadas de los 70, 80, 90 y hasta el 2000, en los inicios y el fortalecimiento del paramilitarismo, el naciente narcotráfico y el despliegue de los grupos guerrilleros, ocurrió al revés, pero era porque no se tuvieron en cuenta los derechos humanos ni de las comunidades ni del medio ambiente, porque los megaproyectos para el desarrollo en las regiones se imponían por encima de cualquiera en los territorios y ni siquiera eran socializados con las poblaciones.

Por eso la construcción de la gigantesca hidroeléctrica en el municipio San Carlos, ubicado en el Magdalena Medio antioqueño, a pesar de que era para traer desarrollo, causó protestas, ya que según las comunidades, vulneraron sus derechos, desplazándolos y en lugar de resolverse ese problema a través del diálogo, se acudió a lo más rápido y bárbaro: la violencia.

Para entonces se había creado en ese municipio y otros circundantes, el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA), surgido principalmente en las décadas de 1970 y 1980. Fue una organización de resistencia civil que defendió el territorio frente a los impactos sociales y ambientales de los megaproyectos hidroeléctricos y de infraestructura.

Como es de suponerse, por esos tiempos, todo lo que se opusiera a las acciones gubernamentales o no gubernamentales, eran consideradas acciones procedentes de la guerrilla, con el fin de justificar respuestas belicosas por parte de los grupos paramilitares, para frenar a los supuestos enemigos de un Estado que no ejercía —y todavía no lo hace— presencia ni autoridad en las regiones olvidadas.

El MCOA era liderado por comunidades y líderes locales, quienes buscaban reivindicar derechos ante el abandono estatal, pero fueron objetos de un sistemático exterminio durante la guerra sucia que ya todos conocemos cómo ocurrió y cuántas vidas inocentes cobró. 

Es decir, el MCOA en la región antioqueña mencionada nació como respuesta a la construcción de centrales hidroeléctricas por parte de EPM, la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdova, que transformaron la situación y estado de las cosas en ese territorio, pero generaron descontento por las tarifas altas y el desplazamiento, sobre todo en El Peñol.

El MCOA defendía el sentido de pertenencia territorial, buscaba el desarrollo local, exigía inversión estatal y luchaba contra la exclusión en la gestión de los recursos naturales. Esa organización había logrado gran capacidad organizativa en municipios como El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Marinilla y Rionegro. Sin embargo, el movimiento fue víctima de los asesinatos selectivos y una represión brutal, derivando en un conflicto con los grupos armados tradicionales como la guerrilla de las FARC en los años 80 y 90.

Uno de los primeros hechos violentos para detener a esa organización cívica fue el vil y cobarde asesinato de un joven y carismático médico que se había ganado el afecto de los originarios y residentes del municipio de San Carlos. No era ni de la región, sino costeño, más exactamente de la ciudad de Santa Marta, en el litoral norte de Colombia. Había llegado a San Carlos a hacer el año rural tras culminar sus estudios secundarios en el Liceo Celedón de Santa Marta y superiores de medicina en la Universidad de Cartagena.

Su nombre era Julián Darío Conrado David y su edad oscilaba entre los 30 y 33 años, cuando arribó a aquella localidad del Magdalena Medio antioqueño, en donde gracias a su carisma, educación, don de gente, sencillez y empatía, no solo se sumó a las protestas de los pobladores, sino que también se integró muy rápido a la población, tanto, que hizo suyos los problemas de la comunidad en general, descubriendo además una vocación de servicio que cuando estudiaba en el Liceo Celedón de Santa Marta no tuvo tiempo de practicar, por cuanto estaba concentrado en graduarse de bachillerato para luego pasar a estudiar medicina, la profesión que tanto soñó ejercer desde muy joven.

Se integró al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA), antes de que comenzara su exterminio o se pusieran en ejecución los planes sanguinarios de una parte de las fuerzas del mal que se concentraron en ese territorio. Tras cumplir su año rural en ese municipio del oriente antioqueño y quedarse, su actividad como médico consistió, además, en atender a los campesinos, organizar jornadas de salud, cantar vallenato —y lo hacía muy bien— en las reuniones comunitarias y, sobre todo, lideraba el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, un esfuerzo por exigir mejores servicios, tierras dignas y participación real en un territorio marcado por las grandes represas hidroeléctricas y el clientelismo político.

Pero un domingo, más exacto el 23 de octubre de 1983, un sicario lo esperó. Los disparos resonaron en el silencio del pueblo. Julián cayó acribillado a la entrada de su consultorio. No hubo testigos que hablaran de inmediato; el terror ya empezaba a mudarse a las casas. Los asesinos, según relatos posteriores, se refugiaron en el cuartel de Policía local. Nadie fue capturado. El crimen quedó en la impunidad, como tantos otros que vendrían después.

Pero ese balazo no fue solo el fin de un hombre bueno. Fue el disparo de salida de una guerra sin cuartel contra la organización social en San Carlos. El Movimiento Cívico, que cuestionaba el statu quo de gamonales, políticos tradicionales y los efectos de los megaproyectos energéticos, comenzó a ser desmantelado sistemáticamente.

Semanas y meses después cayeron otros líderes: Ramón Emilio Arcila en 1984, y decenas más en los años siguientes. Las amenazas se volvieron ejecuciones selectivas; las ejecuciones, masacres colectivas. Lo que empezó como un exterminio quirúrgico contra los cívicos evolucionó hacia una vorágine de horror. A finales de los 80 y durante los 90, el Magdalena Medio antioqueño se convirtió en el cruce de todas las fuerzas del mal. 

Las FARC y el EPL llegaron primero, imponiendo su control con extorsiones, reclutamientos forzados y tomas armadas. Los paramilitares respondieron con saña: los bloques Metro, Cacique Nutibara y otros de las AUC entraron arrasando, con listas negras, masacres en veredas y desapariciones que borraban familias enteras. Narcotraficantes financiaban y se aliaban con unos y otros según conveniencia. 

Y las fuerzas estatales —policía, ejército— oscilaban entre la omisión cómplice, la colaboración directa o la impotencia ante un territorio minado por el miedo. Entre 1985 y 2006, San Carlos pasó de tener cerca de 26.000 habitantes a apenas 11.000. El "éxodo", como lo llaman los sobrevivientes, no fue una migración voluntaria: fue una huida masiva ante el terror. 

Treinta y tres masacres documentadas entre 1995 y 2005 dejaron cientos de muertos; 156 desapariciones forzadas; 76 víctimas de minas antipersonales; puentes volados, torres de energía dinamitadas, tomas guerrilleras al pueblo y retornos de paramilitares que sembraban pánico. Veredas enteras quedaron despobladas. El casco urbano se convirtió en un pueblo fantasma: casas vacías, comercios cerrados, el parque principal silencioso.

Por eso Julián Conrado David no solo fue la primera víctima emblemática del Movimiento Cívico. Su asesinato marcó el umbral: antes, había organización y esperanza; después, solo sangre y abandono. Como dice el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, "San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra", ese crimen inauguró una época de terror que articuló todos los horrores del conflicto colombiano en un solo municipio. 

Los ríos San Carlos y Calderas, que él defendía junto a las comunidades, siguieron fluyendo, pero las voces que los reclamaban se fueron apagando una a una. Hoy, décadas después, San Carlos intenta reconstruirse. Hay retornos parciales, una Casa de la Memoria en disputa y colectivos que llevan su nombre para defender los ríos y la tierra. Pero el silencio de aquel mediodía de 1983 aún resuena: fue el día en que un pueblo empezó a quedarse solo, no por voluntad propia, sino porque la confluencia de todas las violencias lo obligó a huir. 

Y Julián Conrado no murió solo; murió con el futuro que soñaba para San Carlos. Y el pueblo, herido de muerte, tardó años en empezar a volver.

En 1983 yo estaba estudiando segundo semestre de Comunicación Social Periodismo en la Uniautónoma de Barranquilla, cuando supe la noticia, a través de mi familia, de su asesinato. Para entonces yo tenía 23 años de edad. 

Julián era cercano a mi familia por cuanto un hermano mayor de él estaba casado con una hermana mía y además, había estudiado el bachillerato en el glorioso colegio Liceo Celedón, junto con mi hermano Arnaldo y otros amigos profesionales, incluso colegas, como el hoy médico Alfonso Vives, quien al leer un adelanto de esta crónica que compartí por WhatsApp, me dijo:

“¡Gracias Alvaro por recordar a mi gran amigo, paisano y colega JULIAN CONRADO, abrazo fuerte!”

FIN